Del NEPOTISMO a las reformas “que el pueblo quiere”

Por: José Luis Arenas López

El lenguaje de las organizaciones suele contener ciertas particularidades, donde algunas palabras usadas de forma común al interior de la misma, no significan lo mismo fuera de ella, a esto muchas de las veces se le llama “jerga corporativa”. Si bien es cierto, el término nepotismo en la administración pública significa: “Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos” y en al ámbito político el nepotismo es: “una acusación común cuando el familiar de una figura poderosa asciende a un poder similar aparentemente sin las cualificaciones adecuadas”. Estos casos son muy recurrentes en México, unos de ellos, quizá el más significativo, el del hijo del expresidente quien de forma honoraria se hizo cargo de supervisar las obras del Tren Maya, cuyos resultados son terriblemente notorios y desafortunados; otros casos como el hijo de un gobernador que ocupa un cargo honorario “sin remuneración” en la administración de esa Entidad; otro caso, el hijo de otra gobernadora que actualmente se desempeña como director de control interno en la FGJ de su Entidad; con lo anterior, es posible citar a un sinfín de hijos, sobrinos, esposos, esposas, hermanos que en la actualidad ocupan un cargo público bajo el control de un familiar.

En el gobierno actual, la jefa del ejecutivo propuso una reforma para eliminar el nepotismo, esta reforma versaba en que ninguna persona podrá postularse a un cargo de elección popular si ha tenido un parentesco consanguíneo o civil con funcionarios electos en los últimos tres años. Esto incluye relaciones de primer y segundo grado, como padres, hijos, hermanos, tíos, primos, suegros, cuñados y concubinos, además se propuso la limitación de la Reelección, esto es, combatir la reforma también prohibía la reelección de legisladores y alcaldes, buscando evitar la perpetuación del poder en manos de las mismas familias.

Lo anterior es muy simple, quizá el concepto de nepotismo tenga muchas acepciones y estas quizá puedan variar en otras regiones del mundo, para el gobierno actual, el nepotismo en pocas palabras es no ceder el cargo que se ocupa en la actualidad a un pariente cercano en primero y segundo grado y se confirma porque forma parte de la ley y esto no es otra cosa que “jerga política” y adquiere peso, valor y hasta ley, por lo que no está en tela de juicio o a discusión el concepto establecido; sin embargo parece ser que los políticos, principalmente los del régimen en el gobierno, no logran comprender ni el significado del concepto ni que es una orden presidencial, esta última en muchos sentidos, no dejemos de lado la famosa “austeridad republicana” misma que diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores o secretarios de estado no quieren acatar y menos perder privilegios o tener una vida de lujos que solventan con recursos de dudosa procedencia; regresando al tema, es claro que algunos servidores públicos pretenden entender lo que ellos quieren sobre un concepto institucionalizado, es decir, si forma parte de una iniciativa de ley y esta se aprueba, quiere decir que toda la ley incluyendo el concepto quedan en firme, situación que no se desea acatar, es el caso de Saúl Monreal quien desde la senaduría pretende reemplazar a su hermano en el gobierno de Zacatecas, argumentando el concepto básico del “Pequeño Larousse” como argumento válido, dejando de lado los principios de su movimiento político; otro senador interesado en ocupar la silla grande de su estado, es Feliz Salgado, quien intentó ser candidato pero por situaciones jurídicas no pudo ser considerado “dejando” a su hija en el cargo y para las elecciones cercanas ha mostrado su deseo de contender nuevamente, debemos recordar que algunos delitos ya no prescriben y es posible que nuevamente sea rechazado por el partido su interés de participar; otra caso de nepotismo es el del gobernador de SLP quien quiere “dejar” a su esposa en el cargo, además hay que recordar que ella, en la actualidad es senadora de la república. Es importante hacer dos señalamientos, estos y otros servidores públicos están tan seguros de que pueden “dejar” el cargo como ganar la contienda electoral, que precisa suponer un acuerdo ya previsto o alguna estrategia poco ética, el senador Monreal asume que tiene una carrera política, así como toda su familia y esto es real, hemos visto cuantos hermanos, primos, hijos, esposas ocupan cargos en el gobierno federal, la pregunta es: ¿esta permanencia en el poder se considera una carrera? No se supone que los cargos de elección popular se ganan con el voto del pueblo, ¿en verdad el pueblo está tan contento con sus gobernantes que no tiene enfado porque toda la familia se role los cargos? Si hacemos un simple análisis, los políticos de hoy son los mismos de ayer, solo con diferente piel, los intereses, los mismos pero con diferente líder; hoy por hoy, podemos contar con los dedos de la mano los políticos que nacieron con el movimiento político de gobierno, la mayoría provienen del PAN, del PRI y del PRD y cada político llega con todo y familia, será muy interesante mirar los resultados y saber si los muchos interesados en reelegirse o poner a un familiar en su lugar, acatan la instrucción de la jefa del ejecutivo o se van por la libre sabiendo que van a ganar el cargo, en el supuesto de hacerlo, dejarán en claro que la autoridad superior y la instrucción presidencial está muy por debajo de sus propios intereses.

Hablando de iniciativas de ley y reformas constitucionales, el gobierno cita que son las reformas que el pueblo quiere, lo cierto es que no existen encuestas públicas, mítines, sesiones informativas, conferencias, reuniones u otro tipo de estrategia que convoque al pueblo y que este sea escuchado donde proponga cambios a la Constitución, la mayoría de estas reformas no tienen tintes de ser benéficas para el pueblo, por ejemplo, la reforma a la Ley de Amnistía, la cual permite a la presidente otorgar amnistía de manera directa, sin seguir el procedimiento establecido, lo que ha generado controversia y debate político, lo cual beneficia de manera clara al delincuente; la Ley de Amparo elimina la suspensión del acto, esto en perjuicio del ciudadano, así mismo, tiene restricciones del acceso a la justicia, restricción al interés legítimo, todo ello en perjuicio del ciudadano; la reforma al poder judicial, sin duda la más criticada de las reformas, incluyendo las formas de cómo se llevo a cabo, la elección de los juzgadores es una gran error, el poder está concentrado, tiene riesgos de influencias externas y lo peor, es clara la incompetencia de los jueces, magistrados y ministros en el momento de ejercer su cargo; estos ejemplos son algunos de los muchos que en la actualidad no reflejan beneficios en interés del pueblo.

La reforma electoral no es una reforma reclamada por el pueblo, quizá algunos de los puntos son válidos como los presupuestos que los partidos políticos reciben, por ejemplo, morena recibió en 2025, 2,659 MDP, el PAN 1,234 MDP, estas cantidades son desorbitantes, más allá de brindar apoyo a la población solo hace políticos más acaudalados, en teoría un partido político es una organización de ciudadanos que se crea con sus aportaciones, aquí hay dos acepciones, la primera, para formar parte de un partido político se requiere un “padrino” y una vez dentro, la posibilidad de se candidato a algún cargo público es imposible, estas posibilidades solo son para los fundadores y operarios del partido, incluso podemos decir que los partidos políticos tienen dueño como el caso del Verde, morena o MC; a diferencia de la reforma de amlo, esta no pretendía eliminar a los plurinominales, solo pretendía someterlos al sufragio popular, lo cierto es, que al implementar esta medida, los partidos satélite perdería representación en las cámaras lo que los llevaría a perder poder y privilegios, los diputados no votaron en contra por así convenir al pueblo, votaron en contra por no convenir a sus intereses.

Una reforma de ley debe ser incluyente y convenir al pueblo, debería abrir puertas a ciudadanos destacados en todas las ramas profesionales, debería cerrar las puertas a todo aquel que se encuentre en un proceso legal o que exista la sospecha comprobable de haber participado en la comisión de un delito, impedir a todo aquel político del que se sospeche la violación al 113 C. y su ley reglamentaria; los plurinominales no deben ser elegidos por los partidos políticos, estos ya pusieron a sus candidatos, los pluris deben ser ciudadanos ajenos a la política cuyas aportaciones sean entre otras ser el contrapeso de los políticos e impedir, en su caso, aprobar leyes que no beneficien al pueblo, urge un congreso equilibrado e incluyente, hoy la clase política sufre de bajos principios de moral cuestionable, a esto se le debe sumar su incapacidad para realizar su trabajo, hoy por hoy los plurinominales son delincuentes, prófugos o señalados por la comisión de algún delito, no e puede seguir consintiendo plurinominales como Montreal, Noroña, López Hernández, Gómez Urrutia, Blanco, Mayer y para acabar de perjudicar al sistema, hay políticos que no solo son plurinominales, éstos, dejan apartado su lugar para ocupar otros cargos y si las cosas salen mal, regresar a la curul, como Hernández Mora y Ebrard.

Lo cierto es, que se deben abrir espacios reales y comprobables donde se escuche al pueblo y éste también pueda participar en la toma de decisiones, el 71 C. f. IV es un derecho muy limitado, urge aperturarlo y permitir la participación activa de los ciudadanos en capacidad de hacerlo.