Finanzas subnacionales en América Latina en épocas de Covid

La pandemia Covid-19 ha evidenciado la debilidad económica de las entidades subnacionales en América Latina, la cual ha sido provocada históricamente por una baja generación de ingresos propios y un gasto público con áreas de oportunidad en su aplicación, dejando a un lado la inversión en infraestructura. Aunque el virus llegó tiempo después al continente americano, los países latinoamericanos han sido los más afectados y quienes han tenido más dificultad de controlar la epidemia por su falta de infraestructura hospitalaria y de planes de prevención

Debemos tener en cuenta que la estructura de la recaudación de estas entidades se concentra principalmente en la acción hacendaria y la exportación de materias primas. Esto a grandes rasgos, nos incursiona a considerar las finanzas públicas desde dos vertientes cruciales que son: el correcto control del gasto y la precisión en la recaudación. En lo que respecta a la segunda, algunos estados del continente han desatendido objetivos precisos en cuanto a la creación de infraestructura regional para crear nuevas formas de recaudación, siendo así que de manera lógica se ven afectados los ingresos propios al posicionar la mirada en lo inmediato, en lugar de planear a futuro, para que la evolución del ente público se actualice.

 

Como referente, los estados y municipios en México son los niveles de gobierno de primer contacto con la población, y es su responsabilidad proveer servicios y beneficios para sus habitantes, así como desarrollar infraestructura. De ahí la relevancia de contar con suficientes recursos para enfrentar los retos y necesidades de sus regiones.

 

Un punto base ideal para las entidades subnacionales sería la implementación de políticas públicas que muestren una correcta proporción entre la riqueza y sus ingresos locales.

 

Ahora bien, globalizando la idea, las entidades subnacionales se enfrentan a facultades de recaudación local limitadas, la disparidad de las aportaciones centralizadas y la solvencia que entorpece la disponibilidad de los recursos públicos.

 

Generalmente los países latinoamericanos presentan gran dificultad para gestionar correctamente el gasto público. Además, la dependencia del gobierno federal para recibir ingresos y la falta de un diagnóstico que presente las áreas de oportunidad y los núcleos que producen una contracción en alguna de las variables de obtención de recursos.

 

Por otro lado, algunas entidades presentan un desequilibrio financiero. El desbalance fiscal que evidencian las estructuras gubernamentales puede resultar en un déficit, que muchas veces es el caso de las municipalidades o los estados. Esto apunta a que, derivado de la autonomía fiscal, un gobierno tenga que ponderar la toma decisiones conforme a los problemas que se le presentan de manera inmediata, sin permitirle planificar a un largo plazo.

 

México se caracteriza por tener una de las menores recaudaciones entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como en América Latina y el Caribe (ALC). Mientras para la Organización los ingresos totales fiscales representan 34.2% del Producto Interno Bruto (PIB), para el país la proporción es de 16.2% y de 22.4% para ALC. Esa situación se registra también en los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, la recaudación del impuesto predial, como porcentaje del PIB, es de 0.3% para México, 1.0 por ciento para el subcontinente y 1.9% para la OCDE.

 

Debido a la parálisis económica provocada por el Covid-19, los gobiernos subnacionales han sufrido la reducción de los recursos tanto locales como federales. Moody’s Investors Service calcula una caída de hasta 14% en impuestos de los estados mexicanos durante el presente año, y hasta el segundo trimestre de 2020, el gasto federalizado –participaciones, aportaciones, convenios de coordinación en materia de descentralización y reasignación, y subsidios– registró una reducción, en términos reales, de 6.5 por ciento, con relación a igual periodo del año pasado.

 

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, para el siguiente ejercicio fiscal habría un decremento de 9.0 por ciento con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el año 2020. Es relevante mencionar que, en México, estados y municipios dependen alrededor del 90% de los recursos que reciben de la Federación.

 

El reto para los gobiernos subnacionales de México, bajo el contexto actual, será encontrar mecanismos diferentes que los provean de liquidez y recursos frescos pues, como se ha observado, los ingresos con los que cuentan habitualmente registrarán decrecimientos. Ello, con el objetivo de mantener la operación de sus respectivas administraciones, garantizar servicios a la población y desarrollar la infraestructura –posiblemente de la mano de la iniciativa privada– que impulse el crecimiento del país.

 

Es por ello que en México nos hemos enfocado en abordar estas problemáticas en cada caso en particular para presentar nuevas herramientas que ayuden a los gobiernos subnacionales a tener acceso a financiamiento, garantizando una estrategia financiera que incremente sus ingresos propios y así poder planificar con detalle sus presupuestos fiscales.

Estrategia Financiera se ha distinguido por innovar en contextos complejos, acompañando a 18 entidades federativas, 89 municipios y cinco organismos públicos descentralizados de agua a enfrentar sus desafíos con estructuras como el desarrollo de Proyectos de Prestación de Servicios o una Línea de Crédito para dotar de financiamiento a todos los municipios de un estado (en el código QR que acompaña este artículo podrá ver los últimos comunicados que hemos publicado en donde se mencionan nuestras innovaciones).

Se vislumbran cuatro grandes desafíos para las finanzas públicas subnacionales:

  1. Los municipios deben tener mayores potestades tributarias para contar con más ingresos, al ser la entidad con mayor cercanía a la población.
  2. Además, los países deberán contar con un modelo más eficiente de transferencias desde la Federación hacia los estados y municipios (o figuras análogas), que genere incentivos para mejorar el crecimiento y la eficiencia recaudatoria.
  3. También, mejorar los controles del gasto para que los recursos con los que se cuente se destinen a fines específicos que generen valor y bienestar, y rendir cuentas con total transparencia, con el propósito de que los ciudadanos conozcan claramente a dónde van los impuestos que pagan.
  4. Asimismo, debe presentarse una recomposición de los sistemas de salud, para que la Federación no sea la máxima responsable de éstos y se puedan fortalecer al interior de las naciones.

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