Devolver a los pensionados lo robado
#ArtículodeOpinión
Por: José Luis Arenas López
Según el discurso del jefe del Ejecutivo y de la secretaria de Gobernación, la reforma de pensiones busca que los trabajadores que cotizan en el IMSS y el ISSSTE accedan como mínimo a una pensión de 16,777.68 pesos al mes; asimismo, mejorar las condiciones de los que se pensionan bajo la ley 97, debido a que la tasa de reemplazo es más baja; aumentar la pensión del trabajador en 40 % y reducir el tiempo de cotización de 1,250 a 750 semanas, evitando incrementar la aportación de los trabajadores, además de aumentar la cuota a cargo de los empleadores de 5.15 % a 13.87 %.
Al parecer son buenos deseos, sin embargo, es necesario hacer diversos análisis de la reforma: el primero y empezando por la última de las “ventajas” propuestas por el Ejecutivo: aumentar del 5.15 al 13.87 % las cuotas de los empleadores; en términos generales significa un aumento del 8.72 % para el patrón; en términos reales es un incremento del 269.32 % para el patrón, monto que impactará de forma significativa los egresos de cualquier empresa. Al final, estos montos se deberán presupuestar en los costos de producción y se verán reflejados en el costo final del producto o servicio impactando el bolsillo del consumidor.
Ahora bien, la reforma de 1997 estableció que una persona que ganaba 10,000 pesos se jubilaría con 2,700 pesos; con la reforma de 2020 con el mismo sueldo se jubilaría con 6,400 pesos y según la reforma de 2024 se jubilarán con el 100 % de su último sueldo; como ya se dijo, son bonitos deseos, pero la realidad es que el gobierno no ha especificado y aclarado de dónde obtendrán el recurso para garantizar el 100 % de la jubilación. En este rubro es importante aclarar que ni el Ejecutivo ni la secretaria de Gobernación aclararon si esta reforma aplica a todos los salarios o solo al salario mínimo, porque para garantizar las pensiones al 100 % tan solo para los salarios mínimos, se requieren más de 2 billones de pesos para lograrlo.
Es claro que la política del jefe del Ejecutivo es tomar todo el dinero que se pueda para cumplir con sus compromisos clientelares; el discurso siempre narra que son ahorros, ahorros que no se ven capitalizados y que permanecen en la opacidad. Solo basta recordar la extinción de los más de 100 fideicomisos, cuyo ahorro hoy no es posible visualizar, el gobierno no ha explicado en dónde están esos ahorros. La reforma a las pensiones no es otra cosa más que tomar el dinero de las pensiones no cobradas de personas con más de 70 años, misma que suman 2 millones de cuentas que suman casi 40 MMDP de más de 221 mil pensionados y solo para beneficiar a 16 mil personas. Es clara la voracidad sobre todo cuando se habla de un gobierno austero y humanista que presume practicar la justa medianía y como principio declara “primero los pobres”. Esta reforma ya pasó y se aprobó en comisiones y en la Cámara de Diputados se modificó el dictamen autorizado para subirlo a discusiones con más de 10 “errores humanos”, según lo justificó la secretaria de Gobernación, lo cual es una ilegalidad. Por si fuera poco, esta reforma cuenta con otra actora, la directora general del ISSSTE quien por casualidad es hermana de la actual secretaria de Gobernación.
Es importante señalar que el dinero de las AFORES es dinero de los trabajadores, es decir, es privado y no es dinero del estado. La pregunta es, ¿cómo determinó el jefe del Ejecutivo que le asiste el derecho de tomar el dinero de las AFORES de quienes no las reclaman o no las usan? Primero, es necesario aclarar que ese dinero es de los pensionados y ellos y solo ellos deciden si lo usan o no; segundo, en caso de muerte, los beneficiarios deberán realizar los trámites legales para su recuperación y estos trámites llevan en ocasiones años; tercero, no existe fundamento legal que le autorice al gobierno apropiarse de las AFORES que no solo son recursos de los pensionados, sino que además cuentan con las aportaciones patronales. Lo cierto es que al Ejecutivo se le ocurrió que en este rubro encontraría una fuente inagotable de financiamiento y de la manga recurre a la expropiación de esos recursos.
Por otro lado, el gobierno se hará cargo de la administración de las AFORES del Bienestar, con ello, involucra a un banco que no es banco: el Banco del Bienestar. Este será el encargado de administrar las aportaciones de los trabajadores y de esto surgen varias preguntas: ¿cómo obtendrán los recursos para pagar los rendimientos a los ahorros? El Banco del Bienestar solo es un receptor de recursos que sirve como medio de distribución de los mismos a los beneficiarios, esto significa que no cuenta con un portafolio de inversión que le permita ser autosuficiente en su operación. Este banco recibe recursos del gobierno para el pago de nómina y servicios. ¿Es confiable que el Banco del Bienestar administre las AFORES? La respuesta es no. Este “Banco” tiene más escándalos que aciertos, según las investigaciones del periódico El Sol de México: “Autoridades estadounidenses investigan al Banco del Bienestar por el presunto lavado de dinero a través de sus servicios de recepción de remesas y transferencias al extranjero”. También señaló que en municipios de Sinaloa se aumentaron los envíos y cobros de remesas desde Estados Unidos, pese a estar catalogados como de “baja incidencia migratoria”. Además, de este banco en 2022 se reportaron 82 robos en 20 estados que equivalen a 143 millones de pesos y por si fuera poco, diversas denuncias hacia empleados de este banco, quienes presuntamente han robado dinero de las cuentas de los clientes, robos que van desde los 500 hasta los 120 mil pesos (El Sol de México, 24-03-23) cifras que desde 2019 al primer trimestre de 2023, acumuló quejas de usuarios por un total de 170.3 millones de pesos con motivo de la entrega incompleta del dinero al hacer retiros de cajeros automáticos así como por movimientos no reconocidos a través de tarjetas de débito, (Publimetro, 09-07-23).
Por si fuera poco, el 21 de marzo del 2023, El Banco del Bienestar anunció que dejará de recibir remesas, “decisión que coincide con los rumores y reportes periodísticos sobre una investigación del gobierno de Estados Unidos contra el banco gubernamental por el presunto lavado de dinero a través de sus servicios de recepción de remesas y transferencias al extranjero” (Diario de Yucatán, 22-03-23).
Una realidad es que esta reforma es idéntica en su organización a todos los proyectos del gobierno: no tienen pies ni cabeza y los arrancan sin una estructura clara y organizada. Lo cierto es que el propósito se cumplirá y tomarán los ahorros privados.
México aún tiene una oportunidad de frenar este robo; los “errores humanos” detectados en el dictamen permitieron que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados suspendiera las discusiones, trasladando el dictamen hasta el 22 de abril de este año.
Resulta necesario mencionar que uno de esos 10 “errores humanos”, consiste en quitar sus ahorros a trabajadores activos, además de no especificar cuál será el uso que el gobierno dará a esos recursos, uso que sin duda será para cumplir con los compromisos clientelares a través del pago de becas de los agremiados al partido del gobierno.
