2021: aniversario de la regresión

Por: Silvino Vergara

“Queridos conciudadanos, es nuestro propósito

denunciar el curso perverso de una

política ciega que nos conduce al desastre“.

Edgar Morin

En este año 2021, que no se ve nada halagüeño a lo que fue el espantoso y temible año de 2020, se cumplen dos aniversarios que cambiaron el ámbito jurídico a nivel global y nacional. “En este año, se cumplen diez años de la tan trillada reforma constitucional de los derechos humanos, que se llevó a cabo el día 10 de junio de 2011”, y 20 años del otro suceso a nivel mundial, que cambió los sistemas jurídicos, por lo menos, de los países occidentales y que provocó un desastre en el mundo musulmán, a saber, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Suceso que, para muchos de los grandes pensadores del mundo, inició, propiamente, el siglo XXI, pues modificó la vida del mundo entero, a pesar de que muchos estemos tan distantes de ese lugar.

“En este año, se cumplen diez años de la tan trillada reforma constitucional de los derechos humanos, que se llevó a cabo el día 10 de junio de 2011”

A diez y veinte años, respectivamente, de esos sucesos, más que conmemorarlos, recordarlos en este año de 2021, habría que reflexionar sí provocaron un cambio para que la humanidad avanzara en armonía o, bien, si produjeron una aterradora y pavorosa regresión. Esto, por lo menos, habría que meditarlo desde el mundo jurídico.

En el caso de “los ataques ocurridos en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2011, modificaron considerablemente el derecho. Después de ellos, lejos de hablar de seguridad jurídica y libertad (que son los dos pilares del Estado de Derecho decimonónico), hoy se habla de seguridad pública y vigilancia extrema”.

Pudiera decirse que todo se inició, jurídicamente, con la promulgación de la denominada «Patriot act» (Ley para unir y fortalecer América proveyendo las herramientas apropiadas, requeridas para impedir y obstaculizar el terrorismo), promulgada el 26 de octubre de 2001 por el presidente George Bush y que provocó una serie de medidas represivas, policiales, militares, arbitrarias y, desde luego, excesivamente injustas; lo cual causó que todos los sistemas jurídicos se modificaran para implementar mayores represiones, detenciones injustas, procesos cuasi-judiciales; tal es el caso, en Estados Unidos de América, del desarrollo del centro de detenciones a niños, mujeres y hombres musulmanes en Guantánamo, zona de Cuba controlada por nuestro vecino del norte.

Esta serie de acciones que se llevaron a cabo en ese país repercutieron en todo el mundo: vigilancia extrema a los ciudadanos, el uso de la tecnología de la información para mantener a raya a la población, la creación de controles policiales a los contribuyentes son ejemplos claros en México.

El uso de la firma electrónica (para cuya expedición se requiere fichar a cada uno de los ciudadanos que la tramitan), la vigilancia extrema de sus operaciones económicas, el fomento a la persecución de la delincuencia organizada, el delito de lavado de dinero, el derecho administrativo de prevención son muestra de ese cambio en el ámbito jurídico, de una seguridad pública que excluye la seguridad jurídica.

Asimismo, los controles y la vigilancia que hace a un lado los derechos de libertad son una muestra de todo este cambio y dejan en la mesa de debate de este año si son un avance o una regresión en los sistemas jurídicos.

Por su parte, en el México de 2010 y 2011, lleno de muertes y desapariciones, por la guerra declarada al narcotráfico y a la delincuencia organizada, por el titular de la administración pública federal de ese entonces, no había mejor antídoto para contener la violencia generada, por esa declaratoria y tranquilizar a la población, que conformar una «política espectáculo», la cual consistió en la  reforma constitucional del 10 de junio de 2011 (tema que ha llenado estantes de librerías), más por una presión internacional que por formar parte de la tradición jurídica mexicana.

A diez años de esa reforma constitucional denominada «de los derechos humanos», en este año de 2021, también se debe poner en «el banquillo de los acusados» esa reforma para saber si ella provocó que el legislador haya implementado leyes especiales y, por ende, descodificado la materia penal; pues se ve que han aumentado los delitos y, sobre todo, las penas; se han exagerado penas de cárcel de más de cien años; se ha visto que, aunque se dice que los derechos humanos cuentan con el principio de no regresión, se legisla disminuyendo los plazos de los contribuyentes para interponer sus medios de defensa, para hacer sus simples aclaraciones.

“Más que conmemorar estos dos aniversarios y llenarlos de glorificaciones y alabanzas políticas, habría que ver cuál es el rumbo de la denominada ciencia jurídica y, sobre todo, de la humanidad”.

De igual manera, se ve que, por una ausencia de doctrina propia sobre los derechos humanos, éstos se contradicen constantemente y, por ende, le corresponde al poder judicial en las instancias judiciales, a sus jueces, magistrados y ministros, educados bajo un sistema distinto, «ponderan» qué derechos son de mayor «peso específico», al estilo alemán, cuyo resultado ha sido que el ciudadano de a pie se quede sin derechos humanos ni seguridad jurídica, pero —eso sí— con un mundo jurídico lleno de corrupción. “Más que conmemorar estos dos aniversarios y llenarlos de glorificaciones y alabanzas políticas, habría que ver cuál es el rumbo de la denominada ciencia jurídica y, sobre todo, de la humanidad”. (Correo electrónico: consultas@ccapuebla.com; web: parmenasradio.org).

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