¿Sobreviviremos a la crisis jurídica?

Por: Silvino Vergara Nava

“La reciente tómbola judicial donde se destituyó a cientos de jueces y magistrados sin un proceso administrativo que acreditara causas jurídicas  para su remoción, obedece a una intención política y no a una falta jurídica de los representantes judiciales del Estado federal. Ello deriva de que el Consejo de la Judicatura cambiara su papel de órgano administrativo judicial a órgano administrativo político”

–Ricardo Guzmán Wolffer

En México, se han superado crisis económicas como las que sucedieron en la década de los ochenta del siglo XX, o bien, la crisis económica de los noventa de ese mismo siglo, particularmente, la que correspondió a diciembre de 1994, el denominado “error de diciembre”; o bien, la última crisis económica de 2008, una crisis mundial por la especulación inmobiliaria. Sin embargo, a pesar del aumento de los precios de los productos de primera necesidad, de la ausencia de empleos suficientes, de la falta de oportunidades para jóvenes, estudiantes, profesionistas y para el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, se pudo mantener la estabilidad social y jurídica del país a pesar de muchos problemas, altibajos y consecuencias.

En el caso de las crisis sociales que se han enfrentado por el pueblo mexicano, pudiera decirse que la última de gran magnitud fue la que correspondió a la Revolución Mexicana de inicios del siglo XX, el movimiento bélico con más muertes en todo América Latina, después de la conquista. Pero una de menor intensidad fue la denominada “Guerra Sucia” en la década de los ochenta del siglo XX, que, hasta estos años, por fin, se ha reconocido la existencia de los “vuelos de la muerte” en México y no solamente en Sudamérica, que es la técnica de desaparición de personas disidentes o enemigos del sistema, utilizada por los franceses en su guerra en Argelia, en donde se capturaba a los disidentes y después eran arrojados al Mediterráneo desde las avionetas de guerra.

Esa “Guerra Sucia” que fue en contra de los movimientos sociales protagonizados por grupos socialistas, comunistas, ateos, que estuvieron exigiendo sus derechos ante el Estado, conformando incluso grupos guerrilleros; basta con recordar al “partido de los pobres” encabezado por Lucio Cabañas, en ni más ni menos que el adolorido estado de Guerrero.

La última crisis social en México pudiera decirse que fue la de hace 30 años con el movimiento Zapatista en Chiapas, que detonó en diversos cambios en el país, incluso en la propia Constitución mexicana, en el artículo 2, al reconocer sus propias tradiciones y costumbres para regularse por sí mismos, sin la intervención de la legislación del Estado.

Pero lo que no hemos vivido en México, por lo menos en los últimos tiempos, son las crisis jurídicas, es decir, el intempestivo cambio de reglas en un Estado, que lo primero que provoca es incertidumbre en la población, la economía, el futuro y destino de las mujeres y hombres. ¿Cuándo se podría decir que fue la última crisis jurídica en México? Si acaso con las Leyes de Reforma en pleno siglo XIX, se estableció una estructura jurídica totalmente diversa a la que se estaba llevando a cabo: desaparecían las instancias de la iglesia para ser sustituidas por las instituciones y leyes estatales; basta con recordar que los nacimientos, defunciones y matrimonios ya no eran regulados por las autoridades eclesiásticas, sino del orden civil.

Hoy estamos atravesando en México, si bien no una crisis económica o social, sí una crisis jurídica, debido a los cambios súbitos a la Constitución, es decir, realizados en la cúspide del sistema jurídico; una crisis jurídica en la que ya hay cambios intempestivos, que ya dejaron como primera consecuencia la paralización de los trabajos del Poder Judicial Federal. Así, se pierde la certidumbre desde las mismas personas que velan por la tutela de los derechos humanos del ciudadano de a pie, lo que, desde luego, repercute en toda la población, que, si bien vive en la incertidumbre de la seguridad pública, a esto hay que adicionar la inseguridad jurídica, que, por lo tanto, impide el ejercicio pleno de los derechos de la población.

El problema de la crisis jurídica es que sus efectos y consecuencias son mucho más lentos y con más efectos que una crisis social o económica. Sin embargo, es bien sabido que una crisis jurídica puede repercutir de forma más grave que las propias crisis sociales y económicas. Las crisis jurídicas son a cuenta gotas, es decir, sumamente pausadas, pero que los efectos son desmedidos y se expanden en el tiempo. Por ello, la pregunta es si es que sobrevivimos a las crisis económicas y sociales, ¿sobreviviremos a la crisis jurídica?, no vista una de ellas en los últimos 150 años de nuestra nación.