Por: Servando C. de la Torre Rodríguez y Valeria Lizeth Lucio Rodríguez

El dinamismo del comercio internacional en México ha exigido una evolución paralela en sus mecanismos de control, vigilancia y fiscalización, pues las diversas reformas a la Ley Aduanera publicadas en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2025 y que entraron en vigor en este ejercicio 2026, impactan de manera directa el Título Octavo, relativo a las infracciones y sanciones. Este Título constituye el eje del sistema sancionador administrativo en materia de comercio exterior y regula las conductas sancionables vinculadas a la introducción, extracción, manejo, control y documentación de mercancías, así como las consecuencias económicas y administrativas derivadas de su incumplimiento.

Más allá de una modificación cuantitativa de multas, la reforma consolida una tendencia normativa: fortalecer el control aduanero mediante una estructura sancionatoria más precisa, con una mayor vinculación entre la infracción material y la consecuencia jurídica correspondiente.

La rigidez en la introducción y extracción: Artículos 176 al 183

El corazón de la reforma se asienta en el endurecimiento de las causales de infracción previstas en el artículo 176, pues la autoridad hacendaria ha puesto un énfasis sancionador en la omisión total o parcial del pago de contribuciones y cuotas compensatorias. Bajo este nuevo esquema, las presunciones de infracción se han ampliado para incluir discrepancias técnicas en la clasificación arancelaria que, bajo el criterio anterior, podrían haber sido consideradas errores de buena fe o de simple llenado.

Un cambio crítico y de especial cuidado para los importadores se observa en el artículo 178, dicho artículo aborda que, la actualización de las sanciones pecuniarias bajo un criterio de “proporcionalidad recaudatoria”, elevando el piso de las multas mínimas de manera considerable.

Bajo esa óptica, la introducción de mercancía sin el permiso de la autoridad competente ya no solo conlleva el riesgo del PAMA (Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera), sino que la sanción económica asociada ahora busca ser inhibitoria por diseño, además que han eliminado ciertos márgenes de discrecionalidad que permitían defensas basadas en la “espontaneidad” del cumplimiento, lo que obliga a implementar auditorías preventivas antes de que la mercancía toque territorio nacional.

Digitalización y el desafío de la información: Artículos 184 al 193

En línea con la visión de una “Aduana Inteligente”, la reforma 2026 ha modificado sustancialmente el catálogo de infracciones relacionadas con el control, custodia y manejo de información electrónica. El artículo 184-A, relativo a la transmisión de información, es quizás el que mayor impacto operativo genera, debido a que ahora, la autoridad contempla sanciones severas no solo por la falta de transmisión, sino por la inexactitud marginal de los datos contenidos en el comprobante de valor electrónico o documento equivalente.

Se debe observar con preocupación que la carga de la prueba sobre la “veracidad de la fuente de información” se traslada casi íntegramente al contribuyente y a su agente aduanal, ya que, la reforma al artículo 185 refuerza este punto al indexar las multas por errores en el pedimento a un sistema de cumplimiento digital donde la “reincidencia sistémica” puede derivar en la suspensión inmediata del padrón de importadores, trayendo como consecuencia que la defensa técnica en estos casos ya no puede limitarse a la impugnación de la multa, sino que debe atacar la configuración de la presunción de la autoridad desde el origen de la transmisión de datos.

Responsabilidad solidaria y la mirada sobre el representante legal: Artículos 196 al 202

Quizás el aspecto más disruptivo para el alto prestigio corporativo es la reforma a los artículos finales del Título Octavo, donde se introducen figuras de responsabilidad solidaria mucho más agresivas, ya que la autoridad busca desincentivar el uso de estructuras complejas o empresas sin sustancia en el comercio exterior.

El artículo 200 ha sido reformado para establecer que las sanciones no recaerán exclusivamente sobre el patrimonio de la persona moral; ahora, se vincula directamente la actuación de los representantes legales y administradores en casos donde se detecte dolo manifiesto en la subvaluación de mercancías o el uso de documentos falsos, esta “objetivización” de la responsabilidad administrativa penaliza la falta de vigilancia interna.

Por su parte, el artículo 202 refuerza el control sobre la reincidencia, estableciendo que la comisión de dos o más infracciones en un periodo determinado incrementará sustancialmente la severidad de las sanciones pecuniarias y podrá comprometer la continuidad de la patente o autorización del agente técnico involucrado, buscando erradicar las malas prácticas, pero también coloca en una posición de vulnerabilidad a los consejos de administración que no cuenten con protocolos de compliance aduanero debidamente certificados.

Blindaje estratégico para la alta dirección

Para el sector empresarial, el mensaje es claro: la aduana mexicana ha dejado de ser un punto de tránsito para convertirse en un centro de fiscalización avanzada. Por lo cual, se recomienda la revisión inmediata de los contratos con proveedores extranjeros y agentes aduanales, asegurando que las cláusulas de responsabilidad estén alineadas con las reformas vigentes al Título Octavo de la ley.

Dichas reformas no deben de verse solo como una amenaza punitiva, sino como la oportunidad definitiva para profesionalizar las áreas de comercio exterior, transitando hacia una cultura de cumplimiento ético y legal que proteja, por encima de todo, la integridad del patrimonio y la reputación de las empresas en el mercado global.

Perspectiva de defensa técnica y litigio estratégico

Desde nuestra óptica como litigantes, esta reforma plantea un reto constitucional mayúsculo. Si bien la autoridad busca certeza jurídica y combate a la defraudación fiscal, algunas de las multas resultantes de la aplicación de las reformas podrían ser cuestionadas bajo el principio de no confiscatoriedad, esto bajo el estudio de la proporcionalidad entre la falta cometida (muchas veces un error humano de captura) y la sanción impuesta (que puede alcanzar porcentajes altísimos del valor de la mercancía), lo que será el nuevo campo de batalla en los tribunales federales de justicia administrativa.

Las reformas a la Ley Aduanera para el ejercicio 2026 marcan el inicio de una era donde la prevención aduanera ya no es un valor agregado, sino una necesidad de supervivencia corporativa. El análisis detallado de estas reformas nos permite concluir que el éxito ante una facultad de comprobación dependerá de la capacidad de los contribuyentes para documentar meticulosamente cada etapa de su logística, anticipándose a las presunciones legales que hoy favorecen la facultad sancionadora del Estado.