La Reforma al Poder Judicial: Inmoral y Traidora a la Patria
Por: Dr.José Luis Arenas López.
La Cámara de Diputados aprobó con 359 votos en lo general el dictamen que no solo reforma, también da muerte al Poder Judicial y la democracia.
Son cinco puntos los más relevantes y preocupantes: la reducción de la Corte; elección popular de ministros y jueces; dividir en dos al Consejo de la Judicatura Federal; fijar plazos para resolver los conflictos; y replicar el sistema en todo el país, estas entre otras.
El Art. 40 de la CPEUM establece que: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal … (sic)”. Esto significa que es el pueblo quien determina quién nos va representar en el manejo del gobierno; de entrada, es el pueblo quien debería proponer a los candidatos a ocupar cualquier cargo de elección popular, lo cual es falso, son los partidos políticos quienes gozan de ese monopolio solo para beneficio de estos y no del pueblo.
El Art. 49 C. establece que: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación… (sic)”, lo cual significa que la soberanía y democracia requiere de un equilibrio firme entre los tres poderes de la unión, sin embargo, es clara la intromisión permanente del jefe del Ejecutivo y de su afán de poder y de querer controlar a los tres poderes violentando el Estado de Derecho y atentando contra la democracia del país.
Lo anterior muestra claramente la violencia política en contra del mandato Constitucional, con el solo interés de que esta reforma sirva a unos cuántos, esto bajo una actuación inminente y descarada por parte del jefe del Ejecutivo en su intervención de promover y exigir a los diputados de su bancada la aprobación de esta y otras reformas que están plagadas de irregularidades.
Si la pretensión de AMLO es hacer eficiente el ejercicio de la Corte, entonces que se apruebe la creación de nuevas plazas de Jueces, simplificar el número no será la solución; elegir a Ministros y Jueces con el voto popular tampoco es la solución, esto por dos razones: la primera porque no habrá campañas electorales para elegirlos, en consecuencia, los ciudadanos votarán a ciegas sin saber de quién se trata ni su trayectoria, a esto se debe agregar la propuesta de AMLO, donde plantea que se requiere ser mexicano de nacimiento, diez años como abogado y gozar de “buena reputación”. Lo anterior es un absurdo, prueba de ello son los diputados a quienes no se les exige una formación profesional y son ellos los que hacen y aprueban leyes, es decir, lo hacen sin conocimientos previos y las votan a favor por convenir a sus intereses, a los de su partido y a los intereses del jefe del Ejecutivo.
Dividir al Consejo de la Judicatura Federal no es una solución, las funciones del CJF están debidamente establecidas, la división del Consejo generará un gasto innecesario; la fijación de plazos para resolver controversias no obedece a una reforma; primero, el párrafo 14 del artículo 16 C. establece la fijación de dos Jueces de Control para resolver de forma inmediata cualquier controversia; el Art. 17 C. p. 5 establece la aplicación de mecanismos alternos para la solución de controversias; el Art. 20 C. Ap. B, f. VII establece que todo imputado deberá ser juzgado antes de cuatro meses desde el momento de su detención. Finalmente, replicar la reforma en todo el país es irrisorio, toda vez que no se ha probado el modelo.
Si la queja es que el juzgador emite sentencias erróneas, entonces se debe reflexionar, ya que el Juez juzga con las pruebas y los elementos facticos que aporta el ministerio público, si este es ignorante u omiso de la ley, es responsable de los resultados que emita el Juez, el Art. 20 C. f. V. estableceque la carga de la prueba corresponde a la parte actora y al ministerio público.
¿Por qué se debe considerar como traición a la patria la aprobación de la Reforma Judicial?Porque genera un riesgo a la independencia judicial, emitir el voto para elegir a juzgadores permite al jefe del Ejecutivo tener el control de los tres poderes, ya que los juzgadores serán puestos a modo y por los partidos políticos o por el mismo jefe del Ejecutivo; con ello, no habrá ningún rechazo a las iniciativas de ley aún y cuando estas sean inconstitucionales. En consecuencia, será la población civil quien pague los platos rotos, ya que estará expuesta a impunidades, violación a sus derechos humanos, al abuso por parte de las autoridades y a su seguridad misma.
Esta reforma no solo afecta a la democracia, la soberanía del país, también al Estado de Derecho, la inversión extranjera y la estabilidad económica del país están en juego. Primero, los empresarios extranjeros no ven con buenos ojos la reforma y para muestra un botón, en agosto de 2020 con una Consulta Ciudadana, ilegal por cierto, se debe recordar que las consultas ciudadanas las debe organizar el INE y no el Ejecutivo, aún y con ello cerraron la cervecería Constellation Brands. Sin reforma, ahora las condiciones cambian, ya que además se atenta contra la propiedad privada reforzando la ley de extinción de dominio pudiendo legalizado la expropiación; en segundo lugar, los empresarios no se sentirán seguros y podrá existir una fuga de capital y de inversiones afectando las fuentes de empleo, lo cual agudizará la estabilidad familiar.
El nearshoring se verá en peligro y las proyecciones de inversión en nuestro país podrían detenerse e incluso eliminarse; a lo anterior se debe sumar los efectos de la reforma en la relación trilateral con los países del norte, ya lo anunciaron los embajadores de Canadá y EU. Ken Salazar, externó su preocupación si se aprueba la iniciativa, quien señaló que “podría dañar” las relaciones entre ambos países. Por su parte, La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos también señaló: “Nos alarma que varias otras reformas constitucionales actualmente en discusión puedan contradecir los compromisos asumidos en el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, cuya revisión está programada para 2026″. Sin embargo, el presidente solo “pausó” las acciones diplomáticas, mismas que se pueden traducir en retiros de inversión y disminución en el intercambio comercial afectando a los empresarios, al país y en consecuencia la permanencia laboral y la afectación en el bolsillo de los mexicanos.
México está en peligro, no solo se trata de la reforma al poder Judicial, son las reformas a la ley de amparo, la reforma de amnistía, la reforma que afecta la propiedad privada; en conjunto, el gobierno se está preparando para una autocracia y en su caso, un comunismo.
