El Sistema Nacional Anticorrupción, un sistema fallido
Por: José Luis Arenas López
Para iniciar, valdría la pena definir ¿qué es corrupción? Significa quebrar o romper de forma deliberada todo orden ya sistematizado que se encuentra apegado a la ley, desde su funcionamiento hasta elementos tan básicos como la moral y la ética, todo ello para obtener un beneficio personal, ya sea económico o en especie. La corrupción es un acto atípico e ilegal, quien la ejerce, en consecuencia, induce y obliga a otros a cometer tales actos. En 2023, México se ubicó en el lugar 126 de 180 países en percepción de corrupción, según la OCDE.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue creado en México el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a partir de la Reforma al 113 Constitucional, realizada el 27 de mayo de 2015. El SNA nace como una instancia de coordinación entre diferentes autoridades encargadas de la prevención, investigación y sanción del delito, así como de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares; de igual forma, se encarga de la fiscalización y el control de los recursos públicos.
El SNA se integró desde un inicio con los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Cámara de Diputados, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, además de un representante del Consejo de la Judicatura Federal y un representante del Comité de Participación Ciudadana.
Es importante señalar que el proyecto pretendía dar autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos. Con la transformación de la PGR en la Fiscalía General de la República el 20 de diciembre de 2018, las FECC, la FEADE y la FEMDH, quedaron adscritas y subordinadas al Fiscal General de la República, situación que le restó credibilidad y efectividad en la operación de las Fiscalías Especializadas.
Por otra parte, es importante saber que la corrupción es un delito generalmente cometido por servidores públicos (Art. 108 CPEUM) y en muchos de los casos, también es cometido por particulares. La corrupción es un delito y tiene diversas modalidades como el soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, obstrucción en la investigación del delito, colusión, uso indebido de recursos públicos, extorsión, contratación indebida de personas, conflicto de intereses, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, defraudación y evasión fiscal, entre otros. Sin embargo, existen otras actividades atípicas que también son consideradas como corrupción: aceptar cargos públicos sin tener experiencia alguna, las omisiones en la actuación de la justicia, recibir “aportaciones” sin informe y fiscalización, omitir el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para la asignación de contratos públicos, inaugurar proyectos públicos sin que estén completados o minimizar los grados de violencia con el discurso de que México es un país pacífico; de todos estos, el peor es jurar defender a la Constitución y pisotearla cuantas veces sea posible.
La FECC tuvo un arranque opaco, la nueva titular era alguien completamente desconocida, pero muy cercana al fiscal general, quien sin cumplir con el debido proceso en la convocatoria y sin consenso con la sociedad civil, fue nombrada con opacidad en febrero de 2019; evidentemente, la nueva fiscal no cumplía con el perfil requerido para el cargo mismo que se encontraba inscrito en la Ley Orgánica de la FGR; tampoco se logró la autonomía de la Fiscalía y quedó subordinada al fiscal general. En conclusión, el nombramiento de la fiscal estuvo lleno de vicios y actos de corrupción, cuyos resultados son obvios, ya que hasta la fecha, en materia anticorrupción, no hay resultados, a pesar de que en 2020 le asignaron 10 MDP para gastos de operación, mismos que se incrementaron hasta llegar a 60 MDP sin que los resultados fueran beneficiosos para la sociedad.
La pregunta es: ¿da resultados la FECC? La respuesta es no. Para el 11 de octubre de 2022, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tenía abiertas 3 mil 099 carpetas de investigación, de las cuales solo el 3.6% fueron judicializadas (111) y de estas, solo se lograron 7 sentencias; por supuesto, siempre existe una justificación para no cumplir la encomienda: “la carga de trabajo”. Según datos de la misma Fiscalía, para ese entonces, cada ministerio público tenía asignadas 50 carpetas. El 2023 no fue diferente, hasta agosto, el número de carpetas había llegado a 3 mil 243, de estas, solo 169 fueron presentadas en tribunales y del total (51%) la Fiscalía optó por otro medio de solución como el no ejercicio de la acción penal, caso que aplicó a 609 carpetas.
Se puede decir que de los resultados obtenidos, no hay nada que presumir. Sobre todo, cuando en las carpetas abiertas en cualquiera de los delitos ligados a la corrupción, no se encuentran casos relevantes o nombres conocidos o sujetos de escándalo de esta administración. Lo anterior, debido a que actores políticos pertenecientes al partido de gobierno incurrieron en negligencias, omisiones y responsabilidades tipificadas en los diferentes instrumentos legales como delitos graves. Incluso es pertinente mencionar que tampoco se ha ejercido acción legal en contra de servidores públicos de la administración de Peña, cuyo desempeño es cuestionable y por lo menos debería ser sujeto de investigación, cuestión que no ocurrirá.
Las políticas públicas de la presente administración han sido permisibles y omisas, sobre todo en casos obvios en los que la conducta atípica es claramente identificable, por ejemplo: al cierre de 2023, el Estado manifestó una clara persecución en contra de las empresas de Grupo Azteca, particularmente en la exigencia de pago de impuestos por más de 30 MMDP. Lo extraño es que esa deuda, según los registros del SAT, la viene arrastrando Grupo Azteca desde el sexenio pasado. Sin importar eso, durante el 2019, 2020 y 2021 el gobierno federal y el de la CDMX beneficiaron a Seguros Azteca y Banco Azteca con contratos multimillonarios, cuando una de las reglas para la adjudicación de un contrato es presentar la Situación y Recomendación Fiscal de la empresa, en la que se muestra si se encuentra al corriente con sus declaraciones parciales y la última anual; con ello, que se encuentre al corriente en el pago de impuestos. Si Grupo Azteca no estaba al corriente con el SAT, ¿por qué le adjudicaron todos estos contratos y además de forma directa?
Finalmente, y como cereza del pastel, el gobierno federal, a través de la SFP, publicó un acuerdo en el DOF el 21 de diciembre de 2023, donde se extinguen 78 Órganos Internos de Control de entidades paraestatales, lo cual es un error, ya que estas áreas servían como vigilancia, contención y fiscalización de las funciones de los servidores públicos a través de las Direcciones Generales de Auditoría, Delitos de los Servidores Públicos y la de Quejas y Denuncias; mismas que servían para conocer, investigar y en su caso, sancionar los delitos de corrupción en todas sus variantes.
México vive su peor momento en materia de corrupción y de delitos cometidos por servidores públicos, así como por los familiares de estos. Es claro que el gobierno no hará nada en contra de aquellos considerados como sus seguidores y simpatizantes. En cambio, se perseguirá a aquellos que cuestionen su mal gobierno y sus pésimas decisiones. Un futuro terrible para aquellos que no simpatizan con el partido de gobierno y para aquellos que no quieren abrir los ojos, conformándose con recibir apoyos mínimos económicos que solo satisfacen una necesidad de manera momentánea.
