¿Dónde están los abogados de la Presidencia de la República?

– Sobre las actuales criticas al Poder Judicial –

POR: SILVINO VERGARA NAVA

“Afirmar que los jueces crean derecho equivale a confundir interpretación e innovación, aplicación y producción, jurisdicción y legislación, determinación del significado de las leyes y voluntad legislativa, derecho viviente y derecho vigente”.

-Luigi Ferrajoli

En las naciones modernas, que se consideran Estados de Derecho, siempre se ha sostenido que atrás de la presidencia o del jefe máximo de los gobiernos se sitúa un grupo de abogados comandados por un titular, que ponen sobre la mesa los temas jurídicos más sobresalientes, los que se deben de atender, los problemas que se deben de resolver desde el ámbito jurídico. Ha sido emblemático en la historia última de la humanidad, conocer quiénes son esos abogados, que normalmente se trata de académicos de universidades prestigiadas, y que después de ocupar esos cargos, escriben al respecto de sus experiencias, de lo que se vivió en esas funciones, o bien, se esconden ante lo que sucedió en los tiempos de su asesoría jurídica.

En la actual administración pública federal desafortunadamente, se sabe poco del asesor jurídico de cabecera de la Presidencia de la República, incluso, hasta con el temor de que no exista un personaje para esa función, o de plano, esté ausente totalmente de un equipo de asistencia jurídica la presidencia, lo cual sería muy lamentable. Pero, obvio en atención a que la batalla en el Estado de Derecho es que el derecho esté sobre la política y no la política sobre el derecho. En el caso de los titulares de la administración pública federal que son políticos, comúnmente desprecian al derecho y por ello es que llegamos a estos desastres de que no contamos con un Estado de Derecho.

Recientemente, se ha aumentado la crítica al Poder Judicial desde la administración pública federal, pero esto se hace vergonzosamente, al final de esta administración, cuando esa práctica de que el Poder Judicial esté sobre el legislativo, es algo que ya se venía dando desde hace tiempo, y que, ante la ausencia de asistencia jurídica, o bien, de asistencia jurídica poco preparada desde la Presidencia de la República es que apenas se descubrió ese problema que se vive, que no es nada gratuito, sino que tiene un sustento desde la teoría del derecho, pero que si no hay asesoría jurídica, es penoso que apenas se ponga en la palestra.

Que el Poder Judicial emita sentencias denominadas “manipulativas”, que consiste en aquellas que modifican el derecho, es algo que proviene del derecho constitucional alemán de la posguerra, que se implementó debido a las experiencias del nazismo, en donde habiendo un poder central como era el que ostentaba A. Hitler, que dictaba decretos que hacían las veces de las leyes o, por lo menos, sustituían a las leyes de esos tiempos, y que, adicionalmente, era él mismo quien las aplicaba, es lo que provocó el totalitarismo alemán y que era necesario detener.

Así, desde la academia, se fue configurando la función del juzgador, en este caso del Poder Judicial para que vigilara permanentemente las omisiones y las acciones legislativas, al grado de ordenar que se dicten leyes por el Poder Legislativo para  regular una determinada área o situación que se ha quedado sin regulación, esa postura jurídica se le denomina como: “pos-positivismo jurídico” y es lo que en la academia está de moda. Pero que ha traído muchos problemas, ya desde que se implementó en México, proveniente de la influencia del constitucionalismo europeo, particularmente el alemán.

Lo preocupante es que con las recientes críticas que se dieron a este sistema, por parte de las conferencias que se dan en el Palacio Nacional, no es otra cosa más que el desconocimiento de un problema que se ha agudizado para cada ciudadano de a pie, que acude a solicitar que se le imparta justicia, pues con las reformas constitucionales que se han presentado en México, que son las publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, 6 de junio de 2011, 10 de junio de 2011 y 15 de septiembre de 2017, se ha empoderado al Poder Judicial para realizar esas funciones, y que parte de la academia crítica lo ve como algo excesivo, lo que apenas pudo comprender la Presidencia de la República. 

Se sostiene desde la academia a esta  facultad que se ha dado al Poder Judicial como “judiciocracia”, esto es el gobierno de los jueces, por ende, hay otra postura de la teoría del derecho, para resolver este problema que no consiste solamente en amenazar con elegir a los ministros por la vía del voto, o reducir sus salarios, hay una teoría contundente y clara para resolverlo. 

Indudablemente, no se tiene conocimiento de la teoría del derecho, si es que no hay asesoría jurídica en la presidencia o bien, la que se tiene es tan pobre que no puede responder a esta problemática que vive cada ciudadano de a pie que está en espera de una sentencia, y se limita desde la palestra presidencial a sostener que se van a extinguir las prestaciones en el Poder Judicial y sus fideicomisos, que, se insiste, no es la solución, sino que se trata de un simple revanchismo ante la ausencia del conocimiento de la teoría del derecho de cómo contrarrestar el problema. Por ello es que el debate entre la administración pública y las decisiones del Poder Judicial es la prueba actual de que la política está sobre el derecho y no el derecho sobre la política.