De camino a una falsa Revocación

El pasado 14 de septiembre de 2021 se publicó la Ley Federal de Revocación de Mandato, la cual es reglamentaria al 35 Constitucional en su fracción IX, que brinda el derecho a participar en el proceso de la revocación de mandato, en este caso, hablando del jefe del ejecutivo. El próximo 10 de abril se tendrá por primera vez en la historia de México la participación a un proceso de revocación de mandato jurídicamente inexistente y violatorio en diferentes aspectos a la Constitución; por concepto, la revocación de mandato de acuerdo al INE, “es la participación ciudadana para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”.

De acuerdo al primer numeral de la fracción IX del 35 Constitucional, la revocación será convocada por el INE a petición de los ciudadanos de por lo menos 17 entidades federativas y de ellas como mínimo reunir el 3% de su padrón electoral, lo cierto es, que la convocatoria no se hizo a partir del interés de los ciudadanos que han perdido la confianza en el ejecutivo, sino a partir de la presidencia misma y del partido político que la representa, por otra parte, fueron los “ciervos de la nación” quienes llevaron a cabo la recolección de firmas para integrar ese 3% mínimo; resulta importante mencionar, que a este ejercicio se le ha denominado Consulta Ciudadana, lo cual parece confuso contra la revocación misma, ya que de acuerdo al inciso C) del numeral 1° de la fracción VIII, del artículo 35 Constitucional, una consulta ciudadana convocada por los ciudadanos mismos, solo requiere del 2% de los inscritos en la lista nominal electoral y no el 3% como lo establece la revocación misma; entonces, lo grave de la recolección de firmas, es que los firmantes no lo hicieron a partir de la pérdida de confianza hacia el mandatario y si amenazados por los mismos “ciervos” que de no hacerlo, perderían los apoyos que por ley se supone ya habían adquirido; incongruentemente, son los mismos militantes de morena quienes hacen llegar la solicitud de revocación sin manifestar la supuesta pérdida de confianza y si algo es cierto, es que estos sí son ciudadanos y pueden ejercer su derecho, pero en su derecho no existe inconformidad alguna, lo que si existió de acuerdo a los reportes del INE, que de una muestra de 850 ciudadanos visitados, el 25% de estos, es decir, 165 ciudadanos, confirmaron no haber firmado en apoyo a la revocación de mandato y 205 no pudieron ser ubicados, anomalías como esta demuestran la poca confiabilidad que representará el ejercicio en su totalidad.

Según la ley, existen dos elementos que darán validez al ejercicio de revocación, primero; que acudan a las urnas por lo menos el 40% de las personas registradas en el padrón electoral y segundo, que la revocación de mandato solo sea por mayoría absoluta.

Ahora bien, el artículo 14 C. en su primer párrafo establece que, a ninguna ley se dará efecto de retroactividad …(sic), esto significa que la revocación del mandato, no es un ejercicio legal constitucionalmente para este gobierno por haber sido publicada la ley apenas en 2021 y que, en su caso, entrará en vigor a partir del sexenio de 2024 – 2030, lo anterior entonces pareciera una farsa con un valor de 3,830 mdp tirados a la basura.

En palabras simples, habría que formular dos preguntas, ¿La revocación de mandato es pertinente de acuerdo a no dar efecto retroactivo a la ley? La respuesta es no. La intención del ejercicio debería traer como resultado la separación del cargo del ejecutivo o la continuidad del mismo en el poder, sin embargo, cualquiera de los resultados en todos sus escenarios, dan como consecuencia la misma situación, es decir, la revocación no ha sido solicitada por los ciudadanos inconformes, sino por el gobierno mismo; si el ejercicio no llega al 40% mínimo requerido, el ejercicio no será vinculatorio, por lo tanto, no pasará nada, ni para bien ni para mal, el presidente seguirá a cargo, si se logra el 40% de participación del padrón electoral y el resultado fuera negativo, donde la mayoría votará a favor de la revocación de mandato, tampoco pasará nada, ya que la ley no es retroactiva y el presidente seguirá al frente del poder ejecutivo; lógicamente si el resultado fuera positivo y la mayoría votara para que el presidente siga al frente, así será, puesto que en las elecciones de 2018 se votó por un gobierno de seis años y no de tres años o en su caso nueve o más, que es lo que realmente persigue esta consulta; finalmente, si el electorado acude a las urnas y decide cancelar su voto anulando la papeleta, el resultado seguirá siendo el mismo y el presidente seguirá como mandatario de México.

La segunda pregunta sería ¿Qué pasará en caso de que se reúna el 40% mínimo requerido y este fuera a favor de la revocación del mandato? Se tendrían dos escenarios, el primero, que el presidente culpe al INE de una mala organización y pésima difusión del ejercicio cívico y lo responsabilice del resultado, por lo tanto, no aceptará los resultados y permanecerá en el poder, es decir, seguiríamos igual, demostrando que el ejercicio solo fue un circo; en un segundo escenario y el menos probable, que el presidente acepte su derrota y decida retirarse e irse a la Chingada, su pueblo, dando cumplimiento al artículo 60 de la LFRM y procederá el remplazo por interinato quien ocupe la presidencia del Congreso de la Unión y 30 días después el Legislativo nombrará a un presidente sustituto para que concluya el resto del presente sexenio.

La gran pregunta será entonces ¿Quién tendrá el honor de cerrar el gobierno? Existen muchos elegibles y todos igual de reprobables, entre los que destacan, el actual secretario de gobernación, quien según la Constitución sería el primer elegible, según su artículo 84; de igual forma sería la jefa de gobierno de la CDMX, quien anhela ser presidente; sin embargo, y por ambición no es probable se conforme con un gobierno de tres años pudendo aspirar a seis; esta misma situación ocurre en el caso del canciller, quien incluso no es elegible en este momento, quizá el senador y amigo incómodo, podría conformarse a cerrar el gobierno estos tres años que sería a lo más que podría aspirar; y así una lista interminable de posibles elegibles, todos con un mismo perfil: incapacidad para gobernar, afición por los intereses propios, pero sobre todo, serviles al actual presidente y entonces, todo seguiría igual, una persona nueva en el gobierno dando la cara y el mismo gobernante en lo oscuro dirigiendo al país.