Análisis de la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales del derecho a las pensiones al 100% y el derecho a la salud gratuita para todos los mexicanos.
Por: José Luis Arenas López
¿Qué es una reforma constitucional?
Primero es necesario comprender su significado identificando sus dos componentes: a) reforma: es la acción de cambiar algo que ya está estructurado y para hacerlo, primero se debe tener claridad de que es posible cambiarlo y que se cuenta con los recursos para hacerlo, es decir, se debe revisar la viabilidad del proyecto; b) constitucional: Se refiere al conjunto de normas fundamentales que regulan la actuación de los gobernantes y de las instituciones de un país. Entonces, una Reforma Constitucional refiere un cambio en la Constitución Política y esto se encuentra fundamentado en los Art. 71, 72 y 73 C.
La razón de una Reforma Constitucional es brindarle seguridad a los ciudadanos a través de la creación de normas que garanticen o refuercen sus derechos ya existentes o la creación de algunos nuevos; de igual forma, pueden corregir errores, vacíos jurídicos o que se contrapongan con otras leyes ya existentes. Toda reforma debe ir acompañada de estudios de factibilidad social, política, jurídica, material, técnica, humana y sobre todo, económica.
La manera en la que un país se organiza es muy similar sin ser exactamente iguales a la forma de organizar una empresa. Para funcionar, ambas requieren de los recursos básicos: financieros, materiales, técnicos y humanos. Una gran diferencia entre empresas públicas y privadas es la estimación del presupuesto anual de ingresos, mientras la empresa pública lo estima en sus ventas, el Estado estima sus ingresos en la captación del pago de impuestos y de la utilidad de las empresas gubernamentales, solo por poner un par de ejemplos. Sin embargo, una empresa no puede solo estimar ingresos por sus ventas; debe manejar reservas que le permitan afrontar contingencias y si al final pierde, entonces solo pierde la empresa y sus socios; por otra parte, si un particular gasta más de lo que gana, el SAT lo considera una incongruencia fiscal y lo requerirá para investigación y quizá lo acuse de lavado de dinero. El gobierno no debe planear egresos sin considerar su techo de gasto que en lo particular serían sus ingresos; en otras palabras, no debe gastar más de lo que ingresa. Para ambos casos, aplica un recurso salvador: recurrir al crédito. En este caso, los responsables de la liquidación del crédito serán la empresa privada y sus socios. En el caso del gobierno, al recurrir a un crédito y no poder pagarlo, de manera cómoda endosan la deuda a la población, creando un déficit para el país.
Este gobierno inició el 1 de diciembre de 2018 y hasta ahora, ha tenido el tiempo suficiente para implementar reformas que mejoren la vida de los ciudadanos, acciones que por supuesto no se realizaron y que a casi 8 meses de terminar el sexenio, se quieren curar de pecado de todos los errores cometidos y la falta de acción a los múltiples problemas sociales con la imposición de reformas inviables, principalmente en el aspecto financiero; y por qué no decirlo: inconstitucionales.
Asegurar el acceso a la salud gratuita para todos los mexicanos: en la exposición de motivos se dice: “garantizará atención médica integral, universal y gratuita; incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios, para garantizar a todas las personas su derecho humano a la salud”. Como es claro y conocido, este derecho fundamental ya se encuentra suscrito en el Art. 4 CPEUM, por lo que esta reforma, en realidad, no reforma nada. Lo cierto es que este gobierno eliminó al Seguro Popular y con ello privó de los servicios médicos en su primera etapa a más de 15 millones de habitantes, dejándolos sin servicios de salud. La Reforma en su página 5, 2.º párrafo dice: “En México, las políticas económicas de orientación neoliberal, junto con las reformas efectuadas en los sistemas de seguridad social en 1997 y 2007, así como la reforma financiera de 2003, impulsaron la descentralización del sistema de salud”. Lo anterior es un argumento claro que deslinda responsabilidades; es decir, desde que llegó al poder, AMLO sabía de las necesidades del país y no es posible que a 5 años de gobierno, siga culpando a administraciones pasadas, omitiendo a su gobierno para asumir sus responsabilidades.
En la página 7, 2.º párrafo, menciona: “En el mismo sentido, el 17 de agosto de 2020 se publicó el Programa Sectorial de Salud 2020-2024, cuyo objetivo consiste en disponer de un sistema único, público, gratuito y equitativo de salud”. En este párrafo ya suscrito en el gobierno de AMLO, la gratuidad es su lema, y para que algo sea gratuito, alguien lo debe regalar y a alguien le debe costar. Todo proyecto estructural requiere dinero y mientras el jefe del Ejecutivo no diga de dónde saldrá el dinero, seguirá siendo inviable. En ese mismo párrafo, además, dice: “todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínico”. Esta disposición fue un fracaso, porque los grandes ausentes fueron los medicamentos, su inexistencia ha causado la muerte de miles de niños, mujeres y hombres con diferentes patologías como el cáncer y la diabetes; la Megafarmacia no es más que otro fracaso que no cuenta con los medicamentos prometidos. Eso sí, el costo fue enorme y su costo- beneficio, en números rojos.
Revertir las pensiones de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, garantizando la jubilación al 100% con la creación de un fideicomiso: Muchos ciudadanos aplaudirán dicha reforma y según la información que dio la Secretaría de Gobernación en la Mañanera, no hay viabilidad para afrontar la reforma si es que se aprueba; en otras palabras, esta reforma representa hipotecar al país, provocando que esta deuda no sea pagada en este gobierno ni en el que sigue. Además, esta administración no dejará un fondo de reserva, al contario, será una deuda que trasladará al siguiente gobierno, sin importar quién gane. Siendo más claro, pretenden hacer un gasto con dinero que no tienen y que esperan obtener a través de ciertos porcentajes de la utilidad de las empresas públicas, que hasta la fecha no tienen viabilidad. 1) La Refinería Dos Bocas no refina; 2) El AIFA no genera ingresos, al contario, al 23 de noviembre del 2023 habían acumulado un subsidio por 2,145 Millones de pesos; 3) El Tren Maya, al 8 de febrero de 2024, no ha logrado tener una operación aceptable, no tiene corridas llenas y por si fuera poco, no está terminado al 100%, generando costos y con una proyección de utilidad impensable; 4) Mexicana de Aviación, otro elefante blanco cuyos vuelos no generan utilidad. No es posible que tenga vuelos con un pasajero o menos de la mitad de su capacidad; 5) Pemex no ha sido declara en quiebra y con una deuda de 36 Mil millones de dólares que vence en septiembre de 2024, ni pensar en utilidad; 6) CFE, con un déficit de 12.8 Mil millones de pesos. A pesar de esta cifra, este gobierno busca su autonomía, cuando, en realidad, ya se encuentra en condiciones de embargo.
Lo cierto es que no hay condiciones para lograr el pago de las pensiones al 100% y más cuando el gobierno parte de una base falsa para generar ingresos y no cuenta con recursos reales del “fondo semilla”; solo cuenta con los ingresos de la recaudación fiscal que disminuyen cada año, pues hay menos trabajos formales. En este sentido, incrementar los impuestos no es la solución. Por otra parte, las empresas del gobierno operan con pérdidas y subsidios, sin un escenario próximo que indique una utilidad real que permita asumir el compromiso.
