¡El pueblo se cansa de tanta pinche tranza!

Por: Silvino Vergara Nava

“Las democracias débiles generan dictaduras fuertes… De aquí que sea un tema inevitable el análisis de la República de Weimar y la llegada al poder del nacional socialismo… La economía empieza a derrumbarse. La inflación se adueña de todo.

José Pablo Feinman

La sentencia, que es el título de esta columna, fue puesta en los medios de comunicación por el propio titular de la administración pública federal actual en estos días del mes de noviembre de 2021, asumiendo que en este sexenio se ha acabado la corrupción, y que esta ya es un hecho del pasado en México.

Pero esto más que una afirmación pareciera, para la generalidad de las personas que tienen que realizar un trámite, que solicitan un documento a la autoridad de cualquier nivel de gobierno, que viven angustiados por algún documento en las oficinas de gobierno, etc., que es un simple buen propósito del gobierno federal actual, que desde luego no se ha cumplido y que estando a la mitad de esta administración, es muy difícil que se logre erradicar la corrupción, las malas prácticas y las malas mañanas.

No basta con esos simples “buenos propósitos” como para que ya se encuentre exterminada la corrupción en México.

Se requiere de un cambio principalmente jurídico, y esto es lo que hace falta, sobre todo por lo que sucedió con la reforma de la administración pública federal anterior, en donde incluso se reformó la propia Constitución para acabar con la corrupción, y no obstante esa situación, de todas formas no sirvió para nada, fue un fracaso esa reforma constitucional, que supuestamente era para acabar con la corrupción, por el contrario, se ha vuelto tan complejo acusar a los servidores públicos que cometen actos de corrupción, que de plano no se llevan a cabo los procedimientos en donde terminarán con las sanciones respectivas, se cae en laberintos burocráticos sin salida y por ello es que jurídicamente no se ha acabado con la corrupción.

Lo que sucedió con esa reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, que adicionalmente representó una gran cantidad de reformas legales y la creación de nuevas leyes e instituciones de gobierno, aparentemente para acabar con la corrupción, de todas formas, no sirvió.

No se han observado cambios importantes al respecto de la responsabilidad de los servidores públicos, por el contrario, parece ser que, ante la nula modificación de esta reforma constitucional de la administración pública federal del sexenio pasado, se está de acuerdo en este complejo sistema de interposición de quejas, denuncias, que solamente apuestan al olvido de los trámites que se llevan a cabo por los ciudadanos angustiados, y los trámites, solicitudes y peticiones no pueden avanzar.

Pero esto no es suficiente, también sucede que, en tanto no haya reformas en el propio sistema jurídico, como es el caso de la materia fiscal, no se puede sostener que se esté ante la presencia del combate a la corrupción actualmente, pues desafortunadamente muchos de los procedimientos de las autoridades fiscales están repletos de discrecionalidades de las autoridades, y, sobre todo, no hay límites en cuanto hace a esa discrecionalidad, es decir, no hay órganos ni instancias que le permitan al gobernado poder lograr que se limiten esas atribuciones de las autoridades previstas en la propia ley, por ende, no se puede decir que se ha terminado la corrupción, si es que no hay una reforma que tenga ese cometido, pues en tanto las leyes sigan como están las actuales no hay un ápice de mejoría en cuanto al combate a la corrupción, incluso, se puede sostener firmemente que es todo lo contrario, hemos caído en un sistema en donde: “cada quien haga lo que quiera”.

El caso más concreto de esa discrecionalidad, y por ende de la corrupción que camina a galope en la materia fiscal, es el que corresponde a las autorizaciones de la firma electrónica avanzada, en donde se establecen conceptos sumamente discrecionales en el Código fiscal de la federación, que dejan a la mano de las autoridades la autorización o no de la firma electrónica, y en su caso su renovación, cuando es sabido que es necesaria esa firma electrónica para hacer trámites y presentar declaraciones, incluso para defenderse como contribuyente mediante un recurso de revocación, por ende, el que la renovación dependa de meras discrecionalidades es una muestra más de que se está permitiendo “por disposición de la ley” la propia corrupción, por ello es que, resulta necesario hacer una revisión sobre cientos o miles de trámites que tienen los particulares ante la administración pública para detener la corrupción. Más que sostener a los cuatro vientos que se ha terminado la corrupción, porque “el pueblo se cansa de tanta pinche tranza”, lo que desafortunadamente sucede en la actualidad, y basta con salir a la calle o a cualquier oficina pública, es aquella sentencia popular, muy arraigada en esta nación, que sostiene: “no me des, solamente ponme donde hay”.

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**Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de La Revista Asesores.

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