Por: Sergio Morales Zaldivar
Un déficit de 110 mil millones de pesos, 11 millones de medicamentos no entregados, instalaciones en condiciones deplorables y un discurso oficial que celebra lo que los números refutan, así es el presente de la institución que protege – o debería de proteger – a 22 millones de trabajadores mexicanos.
Cada día, más de 400 mil mexicanos se forman en alguna clínica del IMSS, donde la travesía comienza por la madrugada para esperar horas con la esperanza de recibir alguna respuesta a sus necesidades de medicinas o de una cita para recibir un diagnóstico, mientras desde las tribunas oficiales, la Dirección General del IMSS celebra reservas financieras récord, se habla de transformación histórica y se hace la presentación de estrategias para solucionar la problemática a los tiempos de espera excesivos y la solución al desabasto de los medicamentos.
La brecha entre el discurso y la realidad no podría ser más amplia, y los números (que el propio Instituto reporta) hace muy complicado creer.
La hemorragia financiera que nadie quiere catalogar como crisis
Zoé Robledo, director del IMSS, rechazó en 2025 que la institución enfrentara una crisis financiera, señaló que las reservas de la dependencia habían crecido de 200 mil millones de pesos en 2019 a 600 mil millones en 2025.
Lo que no se mencionó es que el déficit operativo del Seguro de Enfermedades y Maternidad del IMSS en 2024 ascendió a más de 110 mil millones de pesos, cifras de acuerdo al Informe Financiero al Ejecutivo, que el déficit actuarial acumulado de la dependencia se encuentra en 4.6 billones de pesos, esta cantidad representa la deuda latente del Instituto, que es preciso mencionar, equivale al 30% aproximadamente del PIB nacional y que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones en 2024 consumió el 20.6% del gasto total del IMSS provocando que la dependencia nacional invirtiera 1.95 billones de pesos en el régimen y no en medicamentos, equipos e infraestructura.
El propio informe financiero del Instituto establece que los ingresos alcanzarán para cubrir gastos hasta 2032, que a partir de 2033 se comenzarán a usar las reservas, y que desde 2037 habrá déficit abierto. En el escenario base oficial, el sistema colapsará en sus propios términos en once años. El horizonte de suficiencia se redujo además en un año respecto a la evaluación previa, lo que indica que las proyecciones se deterioran, no mejoran.
El presupuesto federal en salud para 2026, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), asciende a 965.7 miles de millones de pesos —un incremento nominal del 5.9% respecto a 2025—. Sin embargo, esa cifra es 4% inferior en términos reales al gasto ejercido en 2024, cuando se alcanzó el máximo histórico de 1,005 miles de millones. En términos de PIB, México destina el 2.6% al gasto en salud mientras que La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo del 6% marcando una brecha de más de tres puntos porcentuales.
El desabasto: 11 millones de pacientes afectados
Si los números y datos anteriores son alarmantes, la realidad en el día a día de los mostradores de las farmacias del IMSS es más preocupante, donde el desabasto de medicamentos es el problema más conocido y por ende, más documentado, más persistente e ignorado de la institución.
De acuerdo con El Universal, 11.5 millones de piezas de medicamentos no fueron entregadas a derechohabientes entre enero y diciembre del 2024, lo que equivale a más de 4.5 millones de recetar sin surtir en sólo un año y que las cifras para este año deben son peores, según el portal oficial de seguimiento de proveedores, el IMSS no entregó 287 millones de piezas de medicamentos e insumos médicos entre junio y diciembre de 2025.
Para comparar, durante la administración de Peña Nieto, entre 2017 y 2018, el desabasto no superó los 2 millones de recetas, mientras que con la Cuarta Transformación, el peor año llegó con la pandemia registrando 22 millones de recetas sin surtir.
Entre los medicamentos reportados como no surtidos de forma recurrente se encuentran insulina humana de acción intermedia, metotrexato y ciclofosfamida -usados en tratamientos oncológicos-, anticonvulsivos, antihipertensivos y bifosfonatos para osteoporosis.
No son medicamentos de lujo ni tratamientos experimentales, fármacos esenciales cuya interrupción puede costar la vida.
El colectivo Cero Desabasto, que agrupa a 124 organizaciones civiles, ha documentado que en 2025 los reportes de escasez se triplicaron respecto al año anterior. Más revelador aún: mientras en años previos los reportes de desabasto provenían casi exclusivamente de pacientes, en 2025 los médicos pasaron de representar menos del 10% de los reportes al 25%, una señal de que el problema ya no es periférico sino sistémico.
La respuesta del gobierno federal ha sido consistentemente reactiva. En febrero de 2025, el subsecretario de Salud reconoció públicamente que el país atraviesa una etapa crítica en distribución de medicamentos, y anunció un nuevo modelo de compras directas a laboratorios para resolver el problema en dos meses. Para abril de 2025, el desabasto continuaba sin cambios en CDMX, Jalisco, Colima y Michoacán. Para finales de ese año, los números eran peores que al inicio.
Infraestructura en colapso y equipos desactualizados
Como un efecto dominó, con una crisis financiera y un desabasto en pleno auge, se suma el problema de los equipos inoperantes y consultorios saturados de las 11,913 instalaciones del sistema de salud mexicano, en donde el 80% de las instalaciones se han rezagado en infraestructura, las carencias más comunes y visibles aparecen en número de consultorios insuficientes, averías en las instalaciones eléctricas e hidráulicas, espacios diseñados para un aforo que desde hace mucho quedó rebasado.
Los equipos de diagnóstico reflejan el mismo deterioro el IMSS admitió en 2025 que doce equipos de resonancia magnética están saturados o fuera de servicio, obligando a posponer estudios de pacientes que muchas veces esperan meses para obtener una cita de especialidad.
Antes de la transición al IMSS-Bienestar, existía un programa estatal de mantenimiento que garantizaba la operatividad y que por “arte de magia” ese programa desapareció.
Cómo se financía el IMSS
La base de los ingresos del IMSS consiste en recibir las cuotas obrero-patronales donde los trabajadores reciben el descuento en su salario, los patrones aportan otro porcentaje y el Estado la parte final, un esquema tripartito, donde el contrato social implícito es: el trabajador cotiza, el gobierno garantiza la salud; ese contrato hoy está roto.
En un ecosistema donde hay 22.5 millones de trabajadores formales cotizando en el IMSS, que en teoría, garantiza que cada uno de ellos y sus familias tengan derecho legal a atención médica oportunidad, medicamentos, hospitalización, guarderías y pensión; siendo cerca de 68 millones de personas que nominalmente el IMSS cubre, hoy el 40% de ellos, destina de sus ingresos para comprar medicamentos que el Estado debería suministrar, de acuerdo con datos del Senado durante el debate de la Ley de Reembolso en septiembre pasado.
El informe de México Evalúa sobre el Presupuesto en Salud 2026 documenta un incremento en el porcentaje de hogares que incurren en gastos catastróficos por salud, principalmente entre quienes no tienen IMSS ni ISSSTE. La inflación del sector salud, por su parte, podría alcanzar el 14.9% en 2025, según el Anuario Latinoamericano de Seguros —lo que significa que incluso los incrementos presupuestales nominales no equivalen a mayor capacidad real de compra de medicamentos ni de servicios.
Al mismo tiempo, el número de patrones registrados en el IMSS acumula 20 meses consecutivos de resultados negativos al cierre de enero de 2026, según datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). La base que financia el sistema se contrae mientras sus obligaciones crecen.
El costo de la inacción y la pasividad
Los expertos en economía de la salud insisten en la urgencia de una reforma estructural a la dependencia, que englobe al Régimen de Jubilaciones y Pensiones que hoy devora el presupuesto de salud junto con una actualización del esquema de cuotas, cuyo componente principal vinculado a la UMA pierde valor real cada año frente a la inflación y un incremento sostenido del presupuesto en salud y por supuesto, una buena administración del mismo.
Aunque el presente sugiere que lo anterior no ocurrirá en corto plazo, no mientras el Presupuesto de Egresos de la Federación concentre los incrementos en el IMSS ordinario y siga recortando en términos reales a la Secretaría de Salud y mantiene estable el presupuesto del IMSS-Bienestar, donde según el CIEP, una persona con IMSS o ISSSTE tiene 2.3 veces más recursos per cápita que una persona con IMSS-Bienestar, donde claramente se puede interpretar que la desigualmente no disminuye, solo se institucionaliza.
La llamada Cámara de Compensación -la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para que derechohabientes del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar se atiendan indistintamente en cualquier institución- tiene una lógica política irresistible y una lógica financiera preocupante. Analistas de El Financiero argumentan que implementar ese esquema sobre un sistema que ya registra quiebras técnicas anuales no universaliza la salud: descapitaliza al IMSS, usando las cuotas de los trabajadores formales para subsidiar obligaciones que corresponden al Estado.
La realidad es que los trabajadores mexicanos no eligen cotizar al IMSS es un derecho y una obligación legal. A cambio, la ley les garantiza salud, medicamentos, pensión y guarderías. Cuando el sistema no cumple esa promesa —cuando personas pierden la vida esperando, cuando el paciente con cáncer recibe su quimioterapia con tres semanas de retraso, cuando el diabético compra su insulina en la farmacia porque el IMSS no tiene stock— no estamos ante una falla técnica ni ante un problema de gestión puntual.
Estamos ante el incumplimiento sistemático de un contrato social que el Estado cobra puntualmente pero no honra. Las cifras no mienten: el desabasto se triplicó en seis años, el déficit operativo supera los 110 mil millones, el 80% de las instalaciones tiene rezagos estructurales y el horizonte de solvencia se acorta con cada informe.
El gobierno puede elegir el nombre que prefiera para lo que está ocurriendo. Puede llamarlo transformación, puede llamarlo reto, puede llamarlo proceso de transición. Lo que no puede hacer -aunque lo intente- que los números cuenten otra historia.
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