Por: José Luis Arenas López
Una crisis jurídico social grave en México es la desaparición forzada y la desaparición forzada por particulares, en términos generales la desaparición forzada es considerada como la privación de la libertad de una persona seguida de su ocultamiento y la negativa a reconocer dicha privación o dar información sobre su paradero, constituyendo un delito grave y violación de derechos humanos; en el ámbito legal la desaparición forzada ocurre cuando una persona es privada de su libertad mediante cualquier de las siguientes tres formas: aprehensión, detención o secuestro; seguida de su ocultamiento o de la negativa a reconocer la privación o a informar sobre el paradero de la víctima, privándola de recursos y garantías legales. Este delito se considera una violación de los derechos humanos cuando es cometido por el Estado o con su apoyo, y puede constituir un crimen de lesa humanidad si se realiza de manera generalizada o sistematizada.
En el ámbito legal, la desaparición forzada es considerada un delito grave que atenta contra los derechos humanos, su evolución es alarmante, es decir, durante el gobierno de Felipe Calderón se registraron 17,054 casos; con Enrique Peña 32,682 casos; y con Andrés López 55,541 casos; y con Claudia Sheinbaum en lo que va de su mandato con 14,765 casos, esta última registrado un promedio de 40 desapariciones; dando un total acumulado en los últimos cuatro sexenios de 133,188 casos, como dato complementario, tan solo del 01 al 18 del mes de abril, se han reportado 148 personas desaparecidas.
Es importante señalar los innumerables hallazgos de fosas clandestinas en todo el país localizados en los últimos meses, un caso relevante fue el hallazgo en las inmediaciones del estadio Akron, donde encontraron bolsas enterradas que contenían trozos de restos humanos, siendo un total parcial de 270 bolsas, 169 bolsas encontradas dentro del predio y 101 fuera de él, más otras 98 bolsas en las cercanías del estadio y en Arroyo Hondo otras 44, sumando más de 400 bolsas con restos humanos; no dejemos de lado los hallazgo en el Rancho Izaguirre donde se localizaron 95 muestras diferentes de ADN.
Un referente importante fue la respuesta por parte del gobierno federal en este tema, primero minimizando el problema y reducirlo a argumentos innecesarios e insultantes, es decir, “no se trata de desaparición forzada, quizá se fugó con el novio”, este tipo de respuesta fue dada como distractor y trajo consigo un retraso al informe oficial que daría la presidenta que fue de 15 a 379 días, cabe señalar que este informe se pospuso once veces, para que al final, los datos fueran vacíos y vagos, es decir, la presidenta de forma contundente desapareció a 90 mil desaparecidos, donde según el registro del gobierno pasó de 130 mil a solo 43 mil desaparecidos.
En este contexto surgen dos preguntas: ¿por qué, si están disminuyendo los homicidios dolosos y los feminicidios en México, están aumentando las desapariciones de personas? y ¿será posible que el gobierno está ocultando homicidios haciéndolos pasar por desapariciones? Lo cierto es que el gobierno a pesar de eliminar en su informe desapariciones, no desmiente que sigue creciendo el número, según el informe de la presidenta, de las 130 mil personas desaparecidas, 47 mil no se cuenta con información suficiente para su búsqueda, otros 40 mil dan algunos indicios de vida por lo que no están desaparecidas y 43 mil son los casos reconocidos como sí desaparecidos más no muertas.
Paradójicamente, en el mes de marzo de este año, México se colocó en el primer lugar a nivel mundial de desapariciones y el cuarto lugar como el más inseguro, todo esto se da en las vísperas del mundial de Fútbol; un ejemplo más de impunidad se dio del 20 al 22 de marzo de este año, donde se registraron 9 menores desaparecidas en el Estado de México y con este y muchos casos más, el gobierno de México rechazó la ayuda que las Naciones Unidas ofreció para combatir el problema de las desapariciones en nuestro país, la ONU indicó que muchos de estos casos son provocados por las propias autoridades y que el mismo Estado ha demostrado su enorme incapacidad para realizar las búsquedas con resultados negativos; que son los mismos familiares de las víctimas quienes con sus propios recursos realizan tan terrible tarea de búsqueda y localización con resultados afirmativos, es claro que el Estado está rebasado, negando todos los días que México vive un problema muy grave; siendo increíble que la ONU a través del Comité Contra la Desaparición Forzada intentó llevar a la Asamblea General en términos del Art. 34 de la Convención el caso de México, es decir, exhibir la existencia de fiscalías y comisiones de búsqueda en nuestro país incompetentes que no encuentran nada, o que no buscan o peor aún, son instituciones corruptas que se aprovechan de la desesperación de los familiares para solicitarles dinero y con ello poder hacer su trabajo, sumado a ello, en la actualidad México cuenta con juzgadores de tómbola mediocres, inútiles y corruptos que no saben hacer justicia.
El protocolo de la Convención de la ONU sirve para tratar de resolver el problema de las desapariciones forzadas, no es una condena al gobierno por su incompetencia y tampoco es una sentencia por una corte internacional a nuestros gobernantes, tan solo es un mecanismo que sirve para ayudar a México a resolver el problema, sin embargo, no solo se rechazo el apoyo, el gobierno emitió varios comunicados aberrantes, uno a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores alegando que: “México rechaza el informe del Comité por ser tendencioso, dicho marco no corresponde a la realidad del México actual que ha emprendido una transformación estructural en la materia, es de resaltar la falta de rigor jurídico en la argumentación, así como, la ligereza de sus premisas”.
Con este comunicado, el gobierno de México dice que la 4T, sus autoridades y sus dirigentes no desaparecen gente, con un argumento actualizado de aquella frase tan perversa que decía “yo tengo otros datos” y de manera contradictoria, en Tabasco se vinculó a proceso a Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad de Adán Augusto y líder del cartel de la Barredora por el delito de desaparición forzada; sumado a lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo lo propio de forma muy lamentable, la cual en lugar de defender los derechos humanos de las víctimas materiales y de las víctimas secundarias, la CNDH solapa al gobierno, ya de por sí, esta Comisión es un casero ausente y sin representación; en su comunicado mencionó: “La CNDH reitera que la desaparición forzada ha dejado de ser una política de Estado, por lo que difiere de las conclusiones del Comité de la ONU contra la desaparición forzada, @defendemos al pueblo”. Comunicado por demás contrario a la realidad e insensible, mismo que demuestra lo que hoy México tiene como defensora y garante de los DD HH de la población, es decir, NADA.
En otro orden de ideas, la presidenta de morena, emitió declaraciones absurdas y con un toque de ignorancia en un contexto que nace de su amplia imaginación, primero, que el informe es falso, con ello indica que no fue la ONU quien lo emite, sino expertos que trabajan para la ONU, esto es incorrecto, las resoluciones de estos expertos se consideran documentos oficiales de la ONU; segundo, que el análisis que se hace se basa en datos del 2009 al 2017, también es incorrecto, el informe señala eventos de impunidad desde hace mucho tiempo en el delito de desaparición forzada y que éste continua cometiéndose con mayor intensidad y ha crecido exponencialmente en los últimos 7 años con cifras cercanas a las 133 mil personas desaparecidas; tercero, que el informe solo considera resultados de cuatro entidades federativas, lo anterior también es falso, el informe concluye que las desapariciones tienen un carácter generalizado y sistematizado en diversas partes del país teniendo como fuente, de información los datos emitidos por el mismo gobierno, o sea, datos del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, mismos que abarcan todo el país; cuarto, dice Alcalde, indebidamente no se toma en cuenta todas las acciones realizadas a partir de 2018 por los gobiernos de la 4T, esto también es incorrecto, el informe argumenta que aunque reconocen los esfuerzos institucionales de este gobierno, las nuevas leyes en la materia no han sido efectivas ni suficientes para detener la comisión del delito ni para reducir la impunidad que sigue siendo superior al 98%, el informe señala también, que hacer nuevas leyes no acaba con el delito de forma automática; y quinto, más grave aún, indica Luisa María, se cometen errores en la clasificación atípica de casos en los que el Estado no tiene participación como la desaparición forzada; esto también es incorrecto, el informe señala que existe una complicidad entre el crimen organizado y agentes del Estado, el delito de desapariciones forzadas son realizadas por particulares pero ocurren con el permiso o colaboración de funcionarios públicos en muchos de estos casos, además de existir impunidad sistemática y sin importar lo que diga Alcalde o la ONU, las desapariciones forzadas cometidas por el Estado o por particulares, siguen siendo desapariciones, se siguen acumulando, siguen impunes y son un delito, grave.
En conclusión, las desapariciones forzada en México, según la ONU, se consideran crímenes de lesa humanidad, es decir, son un acto grave y sistemático contra la población, la intervención de la ONU sería para tomar las medidas de prevención, investigación, erradicación y castigo del delito, dicho de otra forma, ayudar a México a eliminar este problema, el Comité tomó esta decisión al detectar la participación de autoridades, fallas u omisiones en las investigaciones, impunidad constante y que la búsqueda de los desaparecidos recae fundamentalmente en sus familiares, con todo esto, la respuesta que da el gobierno es desmentir, negar, ocultar, confundir y rechazar la oscura verdad con frases ya estudiadas: “si no hay datos, no se pueden buscar”, “si hay datos, solo están ausentes” y “SI NO HAY CADAVER, NO ESTÁ MUERTA”.
Deja una respuesta